SOBRE EL DERECHO AL OLVIDO DIGITAL.

El día 13 de mayo de 2014 conocíamos la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a través de la cual se resolvían varias dudas planteadas por la Audiencia Nacional en un procedimiento que enfrenta a Google Spain S.L. y Google Inc. contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y un ciudadano español, el Sr. Costeja.

Para el que no conozca el asunto, el inicio se remonta a una reclamación formulada por el Sr. Costeja ante la Agencia Española de Protección de Datos tras localizar, a través del motor de búsqueda de Google (Google Search), dos vínculos a dos páginas del periódico La Vanguardia en los que aparecía su nombre y apellidos vinculados a un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social.

Estos anuncios estaban fechados el 19 de enero y el 9 de marzo de 1998 y eran accesibles desde Internet porque La Vanguardia decidió digitalizar toda su hemeroteca.

Al considerar este señor que el embargo al que en su día se vio sometido, estaba resuelto y que carecía de relevancia actual, exigió a Google Spain y a Google Inc. a que eliminaran u ocultaran sus datos personales de manera que no se localizase a través de sus resultados de búsqueda esta información y, solicitó a su vez, al periódico La Vanguardia que eliminase o modificase la publicación en su día realizada.

Ante esta reclamación, la Agencia Española de Protección de Datos:

 

1.       Estimó por un lado la reclamación en la parte que afectaba al motor de búsqueda y, requirió a Google a que eliminase de su índice el resultado objeto de disputa, de manera que no se pudieran localizar a través de Google Search las noticias en las que aparecían el nombre y apellidos del Sr. Costeja y que fueron publicadas por La Vanguardia en 1998.

 

2.       Pero, sin embargo, desestimó la solicitud en lo que a La Vanguardia se refería. En este sentido, la Agencia consideró que la publicación que había realizado el periódico en 1998 estaba totalmente justificada y tenía por objeto dar la máxima publicidad a la subasta que iba a tener lugar por aquéllos entonces y amparándose en la libertad de expresión, consideró que La Vanguardia podía mantener esa publicación. 

A raíz de esta resolución Google Spain y Google Inc., al no estar de acuerdo con la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, interpusieron dos recursos ante la Audiencia Nacional, quién los acumuló. Y ésta, al surgirle varias dudas en la resolución del conflicto, suspendió el procedimiento, y planteó varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien concluyó lo siguiente:

A.      Por un lado, dijo que el gestor de un motor de búsqueda al explorar Internet de manera automatizada, constante y sistemática buscando información para publicar en sus resultados de búsqueda, está realizando un tratamiento de datos personales, siempre y cuando esa información contenga datos personales.

 

El Tribunal Europeo llega a esta conclusión al considerar que la actividad de los motores de búsqueda, -en este caso de Google Search-, consiste en encontrar información publicada o puesta en Internet por terceros -en este caso unas noticias de La Vanguardia-, recopilar esa información, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, lo que para el Tribunal Europeo, implica un tratamiento de datos personales conforme a lo dispuesto en la normativa europea de protección de datos.

 

B.      Por otro, dijo que el gestor de un motor de búsqueda es igualmente Responsable del Tratamiento de los datos que utilice, pues es él que determina la finalidad y los medios en que realizar ese tratamiento de datos.

 

C.      Además el Tribunal Europeo, determinó que a Google Inc. (empresa estadounidense) le era de aplicación la normativa europea y, en concreto la normativa española de protección de datos de carácter personal.

 

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal Europeo consideró probado que:

 

-          Por un lado, el motor de búsqueda de Google (Google Search), gestionado por Google Inc., presta sus servicios a nivel mundial, existiendo además versiones locales adaptadas al idioma nacional (por ejemplo, www.google.es).

 

-          Además, Google Search indexa páginas Web de todo el mundo, (incluyendo páginas Web ubicadas en España) y, facilita el acceso a los contenidos alojados en las páginas Web indexadas y aprovecha esta actividad para incluir publicidad asociada a los patrones de búsqueda introducidos por los internautas.

 

-          Por otro lado, el grupo Google utiliza una empresa filial española (Google Spain) como agente promotor de venta de los espacios publicitarios que se generan en www.google.com. Esta filial dirige su actividad hacia empresas radicadas en España, promocionando, facilitando y procurando la venta de productos y servicios de publicidad online a través de Internet para terceros, y promociona la comercialización de esa publicidad.

 

Atendiendo a esto, el Tribunal Europeo, entiende que la actividad realizada por Google Spain y la realizada por Google Inc., están íntimamente relacionadas, dado que Google Spain promociona y vende en España espacios publicitarios que sirven para rentabilizar el servicio propuesto por Google Inc. y que no es otro que el motor de búsqueda, Google Search.

 

Una vez conocido el asunto en mayo de 2014, han sido muchos los que han escrito sobre esta sentencia, y sobre lo que se ha denominado Derecho al Olvido Digital, gestándose en la Red, dos posiciones claramente opuestas:

-          Por un lado, están aquéllos que defienden este Derecho al Olvido Digital. O más bien, los que defienden la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda ejercer el derecho de cancelación de sus datos o el derecho de oposición previsto en la ley de protección de datos, cuando -eso sí-, no exista un interés legítimo ni general que ampare el mantenimiento de una determinada información en Internet.

 

Los defensores de esta postura, consideran que:

 

·       Cuando se trate de una información con relevancia pública y siempre que la misma sea actual, ésta no será eliminada y permanecerá accesible en los motores de búsqueda, pero que sin embargo, como ocurrió en el caso resuelto ante el Tribunal Europeo, si la información no tiene relevancia pública y deja de ser actual, la misma no tiene porqué ser tratada por el motor de búsqueda - es decir, por un tercero sin el consentimiento del afectado- y, por tanto, éste no puede recopilarla, indexarla, almacenarla y ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado.

 

·       Que este Derecho al Olvido Digital, no va a poder ser utilizado por personajes públicos, corruptos, pedófilos u otros delincuentes para eliminar de la red asuntos en los que se haga referencia a esta información. No pudiendo por tanto utilizarse este derecho como justificación para omitir cierta información no deseada de la Red.

 

-          Y por otro, están aquéllos que establecen que a través de este Derecho al Olvido Digital, se va a dar la posibilidad a cualquiera de censurar contenidos en Internet, viéndose afectada la libertad de expresión y la libertad de información.

 

En mi opinión, está claro que ante cualquier reclamación que se presente ante la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier caso que llegue ante la Audiencia Nacional, será debidamente examinada y se analizará caso a caso, ponderando correctamente los derechos que haya en juego, para así evitar que se atente contra la libertad de expresión o información, y controlar que efectivamente se asegure y se proteja la privacidad, intimidad y la protección de datos personales de los individuos, sin lesionar otros derechos fundamentales.

 

Ahora bien, no me queda claro cómo analizará Google las peticiones que le lleguen de los ciudadanos y que se hallen fundadas en este Derecho al Olvido Digital. No sé si Google, las eliminarás automáticamente para no incumplir la normativa europea de protección de datos con independencia de que efectivamente la información no tenga relevancia pública o no fuera de actualidad, o si por el contrario, hará de juzgador y entrará a ponderar los intereses contrapuestos, para así llegar a una conclusión fundada y adecuada.

 

Por el momento, Google ha puesto a disposición de cualquiera que desee ejercitar este Derecho al Olvido Digital, un formulario, en el que dice que sí va a ponderar caso por caso, los intereses en juego, es decir, valorará los derechos de privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer y distribuir esa información: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch.

 

Efectivamente ya están apareciendo en las búsquedas que se realizan a través de su buscador, textos que advierten que en ese lugar de búsqueda había un enlace que ha sido eliminado de acuerdo con la ley de protección de datos europea.

 

Para terminar, un dato curioso y que ya se verá más adelante en qué queda.

 

A pesar de que Google elimine u oculte de las búsquedas que se realicen a través de Google Search en Europa un determinado contenido en base a este Derecho al Olvido Digital, Google, sí mantiene ese enlace accesible a cualquier usuario que realice la búsqueda accediendo desde un nombre de dominio de Google ajeno a la Unión Europea. Lo que significa, que si accedemos a Google.mx (México), podremos obtener esa información que desde Google.es, Google.fr…, nos han hecho no accesible.

 

 

Dª Laia Esteban Guinea – Abogada

 Guinea & Perea S.L.P..

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